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“Me es muy difícil entender la naturaleza de todas las cosas, es natural ser diferente, esta diferencia nos hace únicos ante los demás… entonces ¿por qué me señalas como diferente a ti? ¿Acaso no somos distintos y por lo tanto en esencia lo mismo?”, reza Yadiar Julián, Médico especializado en Pedagogía. Su reflexión tiene que ver con la inclusión en la educación, que generalmente lleva a pensar que trata de adaptaciones de infraestructura para que chicos con diferentes capacidades puedan tener acceso a la educación. Pero existe un segmento de niños que no se siente parte de esto, y es el segmento de aquellos que padecen alguna enfermedad física o psicológica que los diferencia del resto e invisibiliza parte de sus derechos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la educación inclusiva, es un modelo educativo que trata de responder de la mejor forma posible al desafío de una educación de calidad para todos. Según sus lineamientos, cualquier niño o niña puede integrarse en el colegio elegido por sus padres sin que circunstancias como una discapacidad física, psíquica, nacionalidad, raza, religión u origen étnico supongan un motivo de segregación o exclusión. El sistema permite la participación de todos los estudiantes en los procesos escolares a la vez que pone especial énfasis en la atención de aquellos estudiantes que pueden estar en riesgo de marginación, exclusión o bajo rendimiento. Hecho que en los colegios públicos de la provincia de Córdoba no posee precisamente un carácter excepcional.

Según datos estadísticos obtenidos en el año 2010 por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), son alrededor 5.114.190 los habitantes con diferentes discapacidades a lo largo y a lo ancho del país, de los cuales solo 45.181 están integrados en escuela común. Pero no es este precisamente el dato que más atrae. Sucede que desde el mismo momento en que la lupa se posiciona en la lucha diaria de los padres que buscan un futuro mejor para sus hijos se comprueba que éstos no obtienen respuesta alguna por parte de las autoridades de las instituciones en cuestión, ni ayuda de ningún tipo. Lo cual abre sospecha de algún tipo de connivencia con los órganos del Estado implicados.

Ya en 1987, Miriam Fayos, secretaria de un colegio primario de Almirante Brown y madre de una niña que hoy es ya una adolescente, tuvo problemas para conseguir jardines de infantes de la provincia de Buenos Aires para integrar a su hija con Síndrome de Down en el año 1987. Época en que las primeras leyes referidas al tema recién habían aparecido, eran muy debatidas, pero no se ponían en práctica en ningún lado.  Su recorrido fue amplio, recurrió a varios de los medios más consumidos de la época -conversando con Fernando Bravo en su programa de radio, por ejemplo-, habló con inspectores y directores, y se convirtió en uno de los casos más resonantes del momento. Sus vivencias la llevaron a fundar la Organización Pihe, lugar en el que chicos con síndrome de Down realizan diversas artesanías.

No es la única, sin embargo, cuyas vivencias la llevaron a buscar un espacio propio de colaboración hacia sus pares. Lucía Agustina Torres, ama de casa cordobesa, es fundadora y presidente de la Fundación Unidos por la Inclusión Social (UPIS). “Nos hemos estado movilizando y haciendo cosas para darle un marco más legal para poder hacer los reclamos desde otro lugar”, cuenta entusiasmada cuando se le pregunta por ello. Su hijo, Bruno, fue discriminado en varios colegios de Carlos Paz. Su estrategia también fue ardua, presentó denuncias en el INADI, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y Defensoría del niño. A la vez que realizó tres marchas luchando con la idea de “Escuelas para todos”. El sumario presentado el 7 de marzo de este año aún no obtuvo respuesta, sin embargo lograron inscribir a Bruno en una escuela de la provincia.

Benjamín Moyano, por su parte, es un chico cordobés de 6 años que sufre Síndrome de Down. Él también es igual que todos, pero lo tratan diferente. Fue discriminado en el colegio Lasalle de Córdoba en el  2015. Las razones esgrimidas en el colegio fueron desde falsas promesas, hasta la indiferencia total. En principio, las autoridades dijeron que el menor podía asistir ingresando de a poco, hasta lograr una jornada completa, para de esa forma “acostumbrar” al resto de los alumnos a su presencia. Sin embargo, esto nunca se cumplió. Su madre, Laura Ocampo, presentó denuncias en el INADI, Defensoría del Niño, Defensa al consumidor y en el Ministerio de Educación de Córdoba. Actualmente el colegio está imputado y la familia está aguardando la sentencia de la justicia. Antes, la familia había recorrido más de veinte colegios que rechazaban la inscripción sistemáticamente.

Por una reciente mudanza, hoy Benjamín concurre al Colegio San Buenaventura, donde ya conocían su caso, por las denuncias realizadas por sus padres en su momento y los medios en los que había aparecido su historia. Después de lo sucedido, su madre comenzó a informarse. Así fue que descubrió que los cupos de dos niños discapacitados por aula, ningún colegio lo cumple. Ni público ni privado. Y desde el Ministerio de Educación de la Nación poco esfuerzo se hace para llevar adelante un control efectivo de dicha medida. Alicia Boneto, funcionaria encargada de discapacidad en el ente mencionado se muestra reticente a asumir la problemática. Cuando Ocampo o cualquier otro padre afectado acude a ella, por lo general termina poniendo abogados de por medio al no poder obtener respuestas. “Ir a la justicia para que hoy luego de un año y pico el colegio este imputado, el Ministerio bien gracias”, expresa frustrada.

Hugo Vélez, padre de familia numerosa, vive en una zona rural también en la provincia de Córdoba. Su hijo, Brandon (11 años), sufre problemas de aprendizaje, y si bien asistía a la escuela rural desde sus seis años sin mayores inconvenientes, este año se le negó la inscripción, argumentando que por su diagnóstico, debía asistir a una escuela de educación especial. Sin embargo, la escuela especial más cercana al domicilio de la familia queda a casi 55km de distancia, difícil de recorrer si no se cuenta con los mínimos recursos. Frente a esto la familia pidió que el menor siga concurriendo a la institución como lo había estado haciendo hasta entonces, pedido que les fue negado, a pesar de que la familia no ha presentado ningún tipo de denuncia por falta de información al respecto, dado que expresaron no conocer donde ni de que manera efectuarla.

Argentina, posee leyes que contemplan la integración educativa a diversos niveles. Una de ellas es la Ley Nacional de Educación, Nº 26.206 establece que: “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, y sugiere que tanto el Estado Nacional, como las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho. Dicha ley también establece que la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas promoviendo valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad.  Estableciendo que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

La Ley Nacional N°26.378, por su parte, establece que los niños discapacitados puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, de calidad y gratuita, en la comunidad en que vivan.

Lo mismo ocurre con la Resolución Provincial N° 667/11, que expresa el proceso a cumplir para una integración efectiva, estableciendo un docente de apoyo a la integración y cumpliendo con las funciones que el niño necesite. 

Entonces ¿qué falla? ¿Cuál es el motivo por el que cientos de chicos como Brandon, Benjamín y Bruno se les hayan negado el acceso a su formación? Solo dos de muchos interrogantes que quedan por dilucidar.